Ahora te quiero ver

UNS: Tanto el oficialismo que motorizó la creación de la Subsecretaría de DDHH, como la oposición que otorgó a Gloria Girotti la reválida docente argumentando que lo que correspondía era iniciarle un Juicio Académico tendrán mañana una excelente oportunidad para demostrar sus convicciones: en sesión plenaria, el CSU que ambas bancadas integran deberá decidir si da o no el visto bueno para la continuidad del proceso contra la letrada, acusada de graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar.

Por Diego Kenis

Mal que les pese a sus más enternecedores sueños de pubertad tardía, cuando según ella sólo cosía expedientes en el Juzgado Federal 1 a cargo por entonces de Guillermo Federico Madueño, la abogada Gloria Girotti no puede cambiar por vocación propia el Código Procesal Penal de la Nación, que define su actual situación. Tampoco podrá modificar el Reglamento de Juicios Académicos de la Universidad Nacional del Sur (UNS), en vigencia hoy.

Docente de Derecho en la UNS, Girotti fue acusada de participar en el engranaje del Terrorismo de Estado que tuvo su brazo ejecutor en el V Cuerpo de Ejército y su pata judicial en el Juzgado Federal a cargo de Madueño, del que ella era secretaria. Concretamente, las imputaciones van desde el nulo curso que otorgó a denuncias y pedidos de hábeas corpus a la participación en interrogatorios bajo tortura a prisioneros ilegalmente detenidos en el Centro Clandestino de Detención (CCD) conocido como “La Escuelita”.

El miércoles 23, en una sesión pública que comenzará poco después de las 18 horas, el Consejo Superior Universitario (CSU) determinará si da continuidad al expediente por el que se consustanció el pedido de elevación a Juicio Académico, rubricado por casi seis decenas de miembros de la comunidad académica.

La licencia ad infinitum por enfermedad no le permitió gambetear el proceso, y sus ilusiones ahora tropiezan con algunos problemas:

• ·         Resulta falaz el argumento que pretende enarbolar, en torno a la falta de mérito que tras un año de dilaciones dictó para ella el juez Alcindo Álvarez Canale, a partir de las imputaciones por delitos de lesa humanidad que habían formulado los fiscales Abel Córdoba y Antonio Castaño. El Código Procesal Penal de la Nación define a la falta de mérito como la determinación que toma un magistrado al no encontrar “mérito para ordenar el procesamiento ni tampoco para sobreseer”, diferenciándola claramente del sobreseimiento, que “cierra definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado a cuyo favor se dicta”. Cinco causas justifican su dictado, y ninguna de ellas halló Álvarez Canale luego de tomar declaración a Girotti: la acción penal no se extinguió, no puede decirse que los hechos no se cometieron, tampoco dejan de cuadrar en una figura legal, ni existe certeza que los hechos no hayan sido cometidos por la imputada, quien no reúne condiciones para ser considerada inimputable. Es decir que la acusación contra Girotti no ha perdido su vigencia inicial y la investigación no se cerró sino que quedó abierta a la incorporación de nuevas pruebas y testimonios. Por si fuera poco, Girotti no puede salir del país, debe presentarse cada quince días en la sede local de la Policía Federal y para ausentarse de la ciudad es necesario que solicite la anuencia del Juzgado a partir de la correspondiente presentación de los fundamentos de su necesidad.
• ·         El Reglamento de Juicios Académicos de la UNS no menciona en ningún momento como requisito necesario para el inicio del proceso que el acusado deba haber sido previamente procesado o condenado por la Justicia, por la simple razón de que se trata de dos esferas distintas. Sólo una de las causales previstas –y sin ser expresada como requisito excluyente- refiere a “sanciones penales, contravencionales y administrativas” que pudieren proyectarse sobre el ámbito universitario. La decisión de ir siempre un paso atrás del mundo pudo haber hecho que la UNS cayera en un absurdo: si Álvarez Canale hubiese determinado procesar y ordenar la detención de Girotti, la docente no habría podido concurrir a dar sus clases.
• ·         Aunque el Departamento de Derecho y la UNS a nivel institucional en su conjunto establecieron un pacto de silencio tan inexplicable como imposible en un caso de interés público como el presente, lo cierto es que trascendió que al ser girado a esa unidad académica el expediente vio luz verde en su Consejo Departamental por unanimidad. Ello implica que tanto los docentes de la Lista Blanca como los de Línea PHI –dos bancadas que, salvo por la solitaria excepción del consejero Federico Bugatti, avalaron a Girotti en la polémica reválida docente que obtuvo un año atrás- acompañaron el expediente en su paso por el Departamento de incumbencia, donde la letrada dicta tres materias.
• ·         Un voto en contrario de la lista Blanca, a la que pertenece el rector Guillermo Crapiste, dejaría sin efecto las palabras del funcionario ante la opinión pública en oportunidad del lanzamiento de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la casa de estudios, el 3 de abril pasado. Sería un mal debut para la cartera, que se encuentra bajo la dependencia directa del rectorado y la semana pasada logró la aceptación de Estela Barnes de Carlotto para el nombramiento como Presidenta Honoraria de su Consejo Asesor.
• ·         Un voto en contrario de la lista Línea PHI dejaría mal parada a su líder, la economista Andrea Castellano de Peri, que un año atrás votó a favor de la reválida de Girotti como docente argumentando que la exclusión de la letrada debía darse a través de un proceso de Juicio Académico como el propuesto.

Mañana no sólo habrá definiciones para Girotti. También se definirán a sí mismos quienes su mano levanten u oculten.

El coleccionista y el desmemoriado

Por D. K.

Personajes de fama e impronta en los pueblos en que se instalaron en las décadas del ’70 y ‘80, los policías Gustavo Boccalari y Carlos Raví ahora no recuerdan las fechas en las que pasaron por sus destinos o sufren la ironía de estar detenidos en el penal inaugurado décadas después al pie de las sierras que los vieron señores feudales de uniforme. 

No pasaron tantos años entre el apogeo y el ocaso, y varias personas recuerdan todavía cómo el delegado municipal designado por los mandamases militares y un subordinado subieron con penoso y obsecuente esfuerzo el piano de Boccalari por las escalinatas en pronunciada pendiente de la subcomisaría de Saavedra, adonde fue destinado en plena dictadura cívico militar.

Carlos Raví, en cambio, llegó allí ya en la recta final de los ’80 y en franco otoño la primavera democrática. A diferencia de Boccalari, ese era en parte su terruño: hijo de un ferroviario y una peluquera, cursó en Saavedra sus estudios hasta que emigró a La Plata e ingresó a la escuela de Policía Bonaerense, de donde salió oficial. Citado a declarar en octubre último como testigo en el juicio que se sigue contra diecisiete represores que durante la dictadura actuaron bajo jurisdicción del V Cuerpo de Ejército, Raví no recordaba la fecha en que se habían dado cada uno de sus destinos. No había pasado un siglo sino algo más de tres décadas desde su egreso de la escuela policial. Ni siquiera tomando en cuenta su infancia en Saavedra precisó más datos sobre los años en que fue destinado a cada pueblo de la región.

Tampoco le sirvió para orientarse el recuerdo del secuestro de Norma Robert, ocurrido en Carhué. Según los testimonios que precedieron al suyo, la familia Robert concurrió a la comisaría local para obtener información sobre el paradero de su hija y radicar una denuncia por su desaparición. Ninguna de las dos tareas fue cumplida por el oficial Raví, que ante los jueces negó incluso conocer ese apellido. Luego de escucharlo negar en repetidas ocasiones, los magistrados determinaron que existían suficientes elementos como para ordenar su detención por el delito de falso testimonio. El diario naval La Nueva Provincia, que sólo se ocupa del proceso judicial para retratarlo parcial, dedicó a la noticia un artículo en que llama “último gobierno militar” a la última dictadura cívico militar.

Boccalari encuentra todavía más complicada su situación. Desde hace meses está preso en la Unidad Penitenciaria 19 de Saavedra. El lunes, el juez Alcindo Álvarez Canale determinó su procesamiento y la continuidad de su prisión preventiva por la coautoría de la privación ilegal de la libertad y el homicidio de una víctima que se le imputa, ocurridos cuando se desempeñaba en la división Cuatrerismo de la Bonaerense. Mientras el desmemoriado Raví mandaba en la localidad que ahora lo aloja entre rejas, Boccalari se beneficiaba con las leyes de impunidad sancionadas durante la gestión de Raúl Alfonsín. En los ’90 logró reciclarse como funcionario municipal en Mercedes, hasta que llegaron los ingratos 2000. Su hobbie, en tiempos de la dictadura a que sirvió, era coleccionar candados. Podía entregar a su propia madre por un modelo que no tuviera. Candados, como los que cada día se le cierran hoy en la nariz. Un poco de justicia poética, mientras empieza a llegar la otra.

Unos tipos abajo

El gremialista Julio Zaballa fue testigo y protagonista de varias décadas de la historia de Coronel Suárez. La última dictadura cívico militar lo encontró ya como dirigente sindical, por lo que debió sufrir la persecución del recientemente condenado coronel Lucio Pedernera, quien juró que no pararía “hasta verlo comer mierda”.

Por Diego Kenis

El diario Nuevo Día le notificó hace un trimestre que comenzaría a cobrarle por publicar sus notas, muchas de ellas vinculadas a la realidad que vivió la localidad de Coronel Suárez durante la última dictadura cívico militar. No es extraño: Julio Zaballa, de él se trata, suele ser sumamente crítico con los dirigentes suarenses que convivieron con el poder militar. Y el diario cuenta entre sus amigos dilectos al vicepresidente del Banco Central del gobierno de facto, Christian Zimmerman, que practica la equitación en una estancia cercana y despunta el vicio de la escritura editorial para, por caso, mostrar su “solidaridad con el teniente general Jorge Rafael Videla” (sic).

Trabajador de DEBA en la década de 1970, Zaballa era por entonces dirigente sindical. Su militancia le valió la persecución del comisionado municipal Lucio Pedernera, un coronel del Ejército hoy en retiro condenado meses atrás en Viedma a ocho años y medio de prisión por graves delitos de lesa humanidad. A pedido de algunas de las instituciones suarenses más influyentes de entonces, Pedernera había prometido no parar “hasta verlo comer mierda”.

En este reportaje, Zaballa detalla el panorama en la localidad y la región durante los años de plomo, además de reflejar la participación de los medios y los sectores civiles en conjunto con las fuerzas militares del V Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca y el Batallón de Arsenales “Ángel Monasterio” de Pigüé.

¿Cómo recuerda a la sociedad de Coronel Suárez en los meses anteriores a la irrupción de la dictadura militar?

Nuestra población y la de la zona vivía y vive influenciada por la agenda que la prensa nacional, la regional –La Nueva Provincia- y en aquella época a nivel local El Imparcial le marcan. Con el agregado de Grondona y Neustadt desde la televisión. Por lo tanto nuestra ciudad, que luego demostró su adhesión sin condicionamientos al Proceso, impulsaba un cambio desde un golpe militar. De hecho estoy seguro que algunos sectores lo sabían mucho antes que nosotros, dado que luego sus familiares ocuparon puestos a nivel nacional y local. La fuerza con la que actuaron a partir de marzo de 1976 sometió a nuestra población al silencio, al miedo y la aceptación de las medidas que ellos fueron imponiendo con la fuerza.

¿Dónde trabajaba usted a esa fecha y en qué consistía su militancia sindical?

Yo trabajaba en relación de dependencia en la empresa DEBA, distribuidora de energía y militaba en Luz y Fuerza, donde era secretario gremial. También me desempeñaba como titular de la CGT local y de la Asociación de Obras Sociales Suarense (ACSOS).

¿Cuál era la actitud de la prensa durante los meses previos al Golpe y luego de ocurrido el mismo?

Eran voceros de las acciones previas y, como ya lo dije, lo demostraron por sus acciones durante el gobierno de la dictadura.

¿Cuándo conoció a Lucio Pedernera y en qué circunstancias?

Alguien alentó al coronel Pedernera, que no me conocía, a amenazarme con que no pararía “hasta verme comer mierda”, dicho ante un funcionario suarense y un compañero que hoy ocupa un cargo público nacional en una oficina local.

Le daban letra al coronel Pedernera para que amenazara a este funcionario local para que dejara de tener trato conmigo, pues perdería su trabajo.

Le pasaban los nombres de compañeros o trabajadores que en la calle o en mi trabajo o en mi casa requerían, como hoy, asesoramiento. Luego Pedernera los amenazaba con hacerles perder su trabajo si continuaban teniendo trato conmigo

Motivaban a ciudadanos suarenses a denunciarme ante el Batallón de Pigüé, diciéndoles, como en esta nota que obra en mi poder y pude rescatar gracias a quien fuera mi superior en el servicio militar, “.... Como este señor es un elemento muy conocido y netamente irritante y subersivo, ruego a usted tome las medidas del caso para que sea puesto bajo la Justicia Militar y sirva esto de ejemplo para aquellos que tratan con sus exteriorizaciones perturbar a quienes estamos firmemente convencidos de que es lo que hay que hacer en esta hora. Creo este hecho no ha de escapar a vuestra sensibilidad militar y no puede dejar de tener un castigo ejemplarizador para que los que quieran imitarlo piensen dos veces antes de tomar actitudes como la de este pretendido y defenestrado ex dirigente sindical” (sic*). Esta nota, con membrete de la intervenida ACSOS, está dirigida al jefe del Batallón, el  4 de mayo de 1977.

En similar forma se dirigieron al V Cuerpo de Ejército y al Batallón de Pigüé para enviarles los recortes de El Imparcial  donde con alevosía indicaba dónde había estado reunido con otros “agitadores” para que luego fuera citado a las 22 o 23 horas, con fuertes golpes en la puerta de mi casa y ante el terror de mi esposa e hija, que debían esperar hasta las dos o tres de la madrugada para saber si volvía o quedaba detenido. En nuestra huelga del ‘77 fui buscado en varias oportunidades por el Ejército y en una de ellas con la bayoneta en la espalda intimado a renegar de mis principios como sindicalista, en presencia de un compañero de trabajo aún vivo y que la puede contar, y ordenar el levantamiento de la huelga que nos atrevimos a hacer y por la que luego fuimos presos con el compañero Luongo, y desaparecieron muchos compañeros dirigentes como el caso de Oscar Smidt.

Cuando fue retirado de su casa para declarar en la Comisaría suarense, ¿cómo fue tratado? ¿En qué consistían los interrogatorios?

Soy el suarense que más veces fue retirado de su casa entre el ‘76 y el ‘80 para “prestar declaración indagatoria” en la comisaría local, siempre entre las 22 y 3 de la madrugada, por denuncias de vecinos suarenses. Nunca recibí agresiones físicas, sólo aprietes en cada interrogatorio. Estaban convencidos que lo que les impedía tener el poder que hoy también sustentan se circunscribía a una cuestión de hombres militantes sindicales y para peor, justicialistas. No es así. Lo tenían y lo tienen hoy por una parte importante de la población cómplice o socios en los intereses que obtienen de esa clase. Otra parte, a través del azonzamiento de no querer ver para no comprometerse o quedar mal con esa clase que los domina. Otra parte de nuestra población resulta víctima e ignorante de que la solución a sus problemas está en la solidaridad y el compromiso social en las instituciones que los contienen, como por ejemplo sus gremios o sindicatos.

Querían eliminar toda posibilidad de reclamo organizado por los trabajadores. Había que tenerlos esclavos y con mucho, pero mucho miedo y así gestionar el poder municipal y obtener, los poderosos, mayores ingresos en la impunidad. Serna, Marisa, Zaballa, Luongo, Erdozain, Gregorini y muchos otros eran un impedimento. Tenían necesidad de contar con la represión militar para obtener lo que ambicionaban. La solicitada de 1985 es el agradecimiento que emiten luego de obtener lo que querían.

¿Cuál era el rol en la represión que cabía a Pedernera, la Policía local y el Batallón de Pigüé en el entramado de represión?

Pedernera era la figura usada por los testaferros locales para realizar las acciones de “limpieza”. Por ello cuando en el ‘82 deja el cargo son incontables las instituciones de todo tipo que le hacen llegar agradecimientos y regalos. A la policía no se le conoce una acción represiva y el Batallón de Pigüé, si bien actuó en nuestra ciudad, me parece que fue con cierto pudor y cumpliendo órdenes.

¿Debió emigrar de Coronel Suárez?

No, nunca me fui de Suarez. Eso lo intentaron a través de amenazas, pero tenía claro que mi destino estaba aquí, cualquiera que sea. De hecho luego participé de acciones gremiales durante el Proceso. Quizás con el tiempo y para bien de mi esposa e hija mayor, debería haberlo pensado.

¿Cómo fue la relación de la sociedad de Coronel Suárez con Pedernera?

Una maravilla, a pesar de que las condiciones las ponía él o sus asesores locales. Pero como las instituciones recibían subsidios o ayudas, no les importaba de quién venían. Luego los sectores de la Sociedad Rural, el empresariado, el Polo Club, salieron en el ‘85 con una solicitada en medios nacionales donde con un “Gracias Militares” demostraban su afecto.

En una de sus últimas notas, usted acusa a Pedernera de “robo, apropiación ilícita y represión”. Además de la persecución de la que usted fue víctima, ¿qué otros hechos delictivos le consta que cometió Pedernera durante su paso por Suárez?

Lo que indico es lo que el fallo de la justicia de Viedma indicó. Aquí no se investigó nada pues un año antes de que asumiera el gobierno democrático, él se va de la ciudad y asume como comisionado municipal el presidente la Sociedad Rural. Si algo había, desapareció.

¿Cómo ha transcurrido la comunidad de Coronel Suárez estos casi treinta años luego de concluida la dictadura?

Seguimos sin blanquear ese periodo. Salvo mis cartas de cada 24 de marzo, no hay otras expresiones recordatorias. Salvo las que los estudiantes hacen para recibir un premio de la Comisión Provincial por la Memoria, pero no pasa de eso.

* (El subrayado es el del documento. Los errores de ortografía y redacción, también. Ver imagen).

El Último Argentino

Con la prepotencia de trabajo que lo caracteriza (Roberto Arlt dixit), Enrique Medina acaba de enviar a la imprenta un nuevo libro. Después de las reediciones ampliadas y corregidas de Gatica y Strip Tease, el autor del ya emblemático Las Tumbas presenta El Último Argentino, editado por Galerna al cuidado de Alejandra Tenaglia. Con él, Medina vuelve a demostrar la polenta literaria que el investigador y crítico norteamericano David Foster le reconoce como rasgo distintivo en el prólogo del mismo volumen. Varias joyas guarda este libro. Se corresponden con las tres partes que lo componen. Quizá la densidad de sus novelas, relatadas la gran mayoría mediante un catártico uso de la primera persona del singular, haya colocado en un injusto segundo plano a sus cuentos, narraciones cortas que producen el efecto del descalabro sobre la plácida realidad cotidiana del lector. Suelen reconocerse, dentro del género, los relatos de Las Hienas (1975) y Deuda de Honor (1992). Pero sobre Los Asesinos, originalmente editado en el orwelliano 1984, reinaba un olvido inversamente proporcional a su calidad literaria. Prácticamente inhallables en su edición original, esos relatos componen la primera parte del flamante volumen. Se trata de oportunas estocadas de billar que dan en el clavo, dibujando en pocas y precisas líneas rostros y circunstancias de personajes acomplejados y oprimidos, que buscan en el alarido silencioso su última chance de supervivencia. A este corpus recuperado, que configura per se una buena noticia para los lectores, se agrega en este caso una serie de coloridas crónicas sobre personajes de la música, el deporte, la farándula. En estos tiempos de frivolidad grosera, Medina viene a demostrar con sus misceláneas que siempre vale la pena esbozar un muestrario de las circunstancias que evidencian que algunos idolatrados íconos son en realidad hombres o mujeres comunes en situaciones extraordinarias. Desfilan por estas páginas aspectos desconocidos o anécdotas cotidianas de Evander Hollyfield, Dizzy Gillespie, Luis Sandrini o Hugo del Carril. Finalmente, el cuento que da título al volumen. Sobre él conviene no hablar, para evitar cualquier prejuicio. Es un texto que merece leerse sin más preconceptos que los que uno trae del diario andar por la calle y la lectura del periódico. Con el punto final de ese relato cada lector tendrá sus propias respuestas. O más preguntas. En poco más de 250 páginas, como ha quedado dicho tácitamente en esta breve reseña, Medina confirma su versatilidad. El Último Argentino ofrece estímulos propicios para el despertar de los más variados pensamientos y emociones.

Ficha técnica

Título: El Último Argentino.

Género: Narrativa.

Autor: Enrique Medina.

Prólogo: David William Foster.

Diseño: Vanesa Medina.

Editora a cargo: Alejandra Tenaglia.

Editorial: Galerna.

Páginas: 254.

(Publicado en EcoDias y Periódico El Observador)

El silencio de los culpables

Por Diego Kenis

El pacto democrático de silencio establecido por mayoría tras la primera de las reuniones interclaustros de la Universidad Nacional del Sur (UNS) en pos de buscar consensos para el enjuiciamiento académico al abogado Hugo Sierra finalmente resultó, tal como era lógico suponer, infructuoso. Pero no porque las autoridades universitarias hayan decidido dar marcha atrás con la medida: ocurre que un día antes de la fecha fijada para el encuentro inicial, el letrado presentó su dimisión al cargo docente de Derecho Penal II. El rector Guillermo Crapiste prefirió no utilizar la estrategia de dilación en la toma de decisiones que exhibe casi constantemente para los temas espinosos (el debate por la aceptación o el rechazo de los fondos del YMAD está por cumplir un año de demoras), y aceptó la renuncia de Sierra durante la semana pasada. Además, se supo que la también abogada Gloria Girotti solicitó una licencia con goce de haberes aduciendo problemas de salud. Sobre ambos pesan gravísimas imputaciones por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura, cuando se desempeñaban como secretarios del ex juez federal Guillermo Federico Madueño.

Los principales promotores del pacto de silencio no asistieron al segundo de los encuentros interclaustros, fijado para el martes pasado. Con ello, comenzó a caerse la mentira oficial que obró como el único dato que se dejó trascender tras la reunión de una semana antes: que existía voluntad plena de todas las listas para someter a los docentes implicados en violaciones a los derechos humanos a un proceso de juicio académico, instancia que puede determinar la exoneración deshonrosa de un miembro de la comunidad universitaria.

El pacto democrático de silencio quedó levantado por decisión de las cuatro listas que sí enviaron representantes al encuentro del martes pasado, aunque todo verdor pereció con Sierra como renunciante y Girotti como licenciada.

La renuncia formal de Sierra conserva una elegancia gráfica de otra época. Plasmada al papel con la prolijidad de las máquinas de escribir de antaño, resultaría sin embargo un inolvidable paso de comedia en sus circunstancias y conceptos, si no se tuviera en cuenta que el característico mal manejo institucional de la UNS adquiere ya matices de burla hacia las víctimas que se vieron sometidas a interrogatorios bajo tortura de los que el renunciante catedrático resultó partícipe, de acuerdo a numerosos testimonios documentados por el fiscal Abel Córdoba desde hace casi un año.

En su dimisión, Sierra expone que “ya venía contemplando la posibilidad de adelantar mi retiro”, aunque no detalla los motivos que con anterioridad a su imputación y posterior detención lo llevaron a considerar tal posibilidad, luego de haber optado por continuar un lustro más como docente al llegar a la edad jubilatoria de 65 años.

A renglón seguido, el letrado agrega que “el dolor provocado por la suspensión de mis actividades académicas el mismo día en que fuera privado de mi libertad mediante una orden de detención ilegítima, terminó de decidirme”.

Lo que Sierra no plasma en el texto de su dimisión es que su detención se produjo luego de cinco sucesivos pedidos en tal sentido elevados por la fiscalía al juzgado de primera instancia y a expensas de un Tribunal Oral Federal, que libró la orden luego de escuchar un contundente testimonio.

Tampoco especifica que la detención fue considerada “ilegítima” por el magistrado ad hoc Luis María Esandi, cuyas vinculaciones con Sierra fueron ampliamente documentadas en el posterior pedido de recusación que elevó el fiscal Córdoba. Una de ellas tiene que ver con la propia UNS: en 2002, ambos compartieron una lista por el claustro docente en el Departamento de Derecho, junto a Néstor Montezanti, “asesor universitario” del Destacamento de Inteligencia 181 del Ejército durante la dictadura.

Como es natural, Sierra remitió su renuncia a su superior inmediato, el decano del Departamento de Derecho Andrés Bouzat. El director de la unidad académica en cuestión es compañero del magistrado que liberó al imputado renunciante en la cátedra de Filosofía del Derecho y en el estudio jurídico que comparten.

Tanto Esandi como Bouzat registran además participación en la lista universitaria de docentes Línea Phi, que dio aval pleno a la continuidad docente de Gloria Girotti en mayo último y obró como una de las promotoras del pacto democrático de silencio que se constituyó en la única determinación formal al cabo del primer plenario interclaustros para debatir el eventual enjuiciamiento académico a los catedráticos imputados. Durante el segundo encuentro no mocionaron ninguna propuesta. No pudieron hacerlo: Línea Phi fue una de las agrupaciones que no asistieron a la cita, a pesar de la versión oficial que daba por probada la voluntad general de enjuiciar a los docentes vinculados con la dictadura. El reloj despertador de la conciencia universitaria lleva más de treinta y cinco años de crónico atraso y, a la luz de la trama narrada, nada hace prever que sus campanillas vayan a funcionar en breve.

En silencio y en veremos

Por Diego Kenis

El abogado Diego Duprat está a cargo de la Secretaría General del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional del Sur (UNS). Sobrino del magistrado que junto con su colega Leopoldo Velázquez mantuvo la célebre reunión con el imputado Hugo Sierra en el Club Argentino, Duprat cerró el recuento de la votación del cuerpo que otorgó en mayo la reválida docente a Gloria Girotti con un razonamiento sorprendente : “esto también es democracia, ¿no?”. Mientras tanto, decenas de personas se manifestaban afuera del recinto, haciendo notar su disconformidad con la continuidad de Girotti, imputada como Sierra de gravísimos delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura, cuando ambos revistaban como secretarios del ex juez federal Guillermo Federico Madueño. Lo que se dice, democracia. O, mejor: la impunidad sometida a recuento.

Conocida la noticia de la detención de Hugo Sierra por las violaciones a los derechos humanos ampliamente probadas por el fiscal Abel Córdoba y refrendadas por la orden del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Duprat sintió nacer dentro de sí un tan irrefrenable como repentino deseo de justicia.

Por ello, la Secretaría General del CSU envió al mediodía del martes en que fue detenido Sierra un correo electrónico a cada una de las listas que lo componen. El objetivo era conformar una comisión interclaustros para avanzar en la búsqueda de consensos que permitan iniciar el enjuiciamiento académico a Hugo Sierra, Gloria Girotti y Néstor Montezanti, también docente en el Departamento de Derecho y “asesor universitario” del Destacamento de Inteligencia 181 del Ejército Argentino en tiempos de la última dictadura. El Juicio Académico es la instancia en que puede determinarse la expulsión de la comunidad universitaria de uno de sus miembros.

Sin embargo, la primera decisión tomada durante la reunión del martes 20 pasado fue que regiría para lo tratado un pacto democrático de silencio tan cuestionable como imposible, desde el momento en que el caso tratado reviste carácter de interés público y los asistentes al encuentro lo hacían en representación de listas de docentes, no docentes y estudiantes, a cuyos miembros –se supone- deberían rendir cuentas de lo actuado, para cumplir con el sistema representativo que el mismo Duprat puso en funcionamiento.

Ante la situación descripta, y tomando en cuenta las dificultades que presentan los secretos de multitudes y el funcionamiento de los teléfonos descompuestos, es fácil presuponer que la información de lo debatido terminará por trascender, aunque con probable disminución de su fidelidad, hacia una sociedad que merece saber de qué se trata. De hecho, la existencia misma de la reunión no fue comunicada a través del sitio oficial de la UNS en internet y los periodistas que supieron del cónclave se vieron impedidos de ingresar al recinto.

El pacto, a pesar de todo, fue democrático, pues estuvo avalado por una mayoría que, si se recuerda lo ocurrido en el CSU en oportunidad de la reválida de Gloria Girotti, no hay razones para suponer que no se transformará nuevamente en automática.

Desde los tiempos lonardistas, por lo menos, se sabe que los pronunciamientos salomónicos son aquellos que más rápido dejan ver a los beneficiarios y perjudicados que arrojan como saldo.

Como muestra, sobra un botón: del cónclave participaron miembros de la lista de docentes Línea Phi, cuyas vinculaciones con Hugo Mario Sierra se dejan ver desde los cuatro puntos cardinales:

• · El juez ad hoc que dejó en libertad a Hugo Sierra fue el abogado Luis Esandi, quien forma parte de la lista. Esandi comparte con el imputado su condición de docente de Derecho de la UNS y ambos resultan autoridades del Colegio de Abogados de la ciudad, habiendo arribado a sus cargos como candidatos de la misma agrupación.

• · La líder de Línea Phi es la economista Andrea Castellano de Peri, quien votó por la continuidad docente de Gloria Girotti en la famosa sesión del martes 24 de mayo último. El marido de Castellano, Gabriel Peri, también forma parte del grupo de autoridades del Colegio de Abogados y Procuradores de Bahía Blanca, junto con Sierra y Esandi. Por si fuera poco, el letrado defensor de Hugo Sierra, Rubén Diskin, fue quien posibilitó a Juan Enrique Peri Castellano seguir en libertad luego de que se viese involucrado en el homicidio de Tomás Osorio, ocurrido en 2009.

• · Para que el juicio académico prospere, debe contarse con el visto bueno del Departamento de Derecho, unidad académica de incumbencia para los casos de Sierra, Girotti y Montezanti. El decano de Derecho es Andrés Bouzat, otro de los líderes de Línea Phi y compañero de Esandi en la cátedra de Filosofía del Derecho y en el estudio jurídico que comparten. Los antecedentes tampoco benefician a Bouzat, que acompañó el voto de la agrupación en favor de Gloria Girotti, quien registra imputaciones casi idénticas que las de su colega Hugo Sierra.

Con estos datos, ya puede observarse quiénes podrían resultar los inmediatos beneficiarios de los votos de silencio impuestos en el cónclave, en caso de que la mayoría automática exhibida por la casi totalidad de docentes y decanos durante la votación por Girotti vuelva a estructurarse y se diluyan las posibilidades de consenso en pos de iniciarle un enjuiciamiento académico a la letrada mencionada, Sierra y Montezanti. La táctica de socializar las responsabilidades por una decisión antipática que se trata de imponer es casi tan vieja como el mundo.

Aquí vale aclarar que quienes en mayo se opusieron a la designación de Girotti fueron los bloques estudiantiles y no docentes del CSU, a los que se sumaron los profesores Telma Alonso y Federico Bugatti y la decana de Humanidades Adriana Rodríguez, solitarias excepciones de sus claustros.

Tanto los alumnos como los trabajadores registran niveles de alta vulnerabilidad: unos, por estar sujetos a la aprobación académica de profesores como los mencionados; otros, por el trabajo en relación de dependencia que prestan a la casa de estudios.

Mientras tanto, en la carrera de la impunidad, Sierra lleva varios cuerpos de ventaja. El ex secretario de Madueño, partícipe en interrogatorios bajo tortura ampliamente documentados por la fiscalía a cargo de Abel Córdoba, renunció a su condición de docente de la UNS el lunes pasado, con el claro objetivo de evitar el enjuiciamiento académico que se encuentra aún en veremos.